Debate: Lo que oculta la expulsión morisca
Tan frecuente es que las decisiones en el ámbito internacional resulten condicionadas por la política doméstica como que ésta lo haga sobre aquéllas, sea hoy o en el pasado. En este sentido, la evocación de las circunstancias que en la primavera de 1609 llevaron a decretar la expulsión de unos 300.000 moriscos del suelo de España no pueden así desvincularse de otra decisión no menos trascendental, esta vez en el contexto de la Europa de aquel tiempo, como lo fue la firma de la llamada Tregua de Amberes, por la cual el gobierno de Felipe III reconocía la independencia de las llamadas Provincias Unidas tras cuarenta años de enfrentamiento en tierras de Flandes.
Podrá ser hoy rememorada la expulsión de los moriscos, por más que el hecho en sí se nos antoje una salvajada sin paliativos -cosa que también creyeron no pocos coetáneos. Pero tengo la impresión de que hoy, en el olvido de la simultánea firma de aquella Tregua, somos aún tributarios de los mismos argumentos que en su momento se esgrimieron para decretar la expulsión, de la misma trampa urdida por nuestros gobernantes de aquellos días con el fin de hacernos olvidar cuanto antes el hecho. Ya entonces se consideraron tan ignominiosas las condiciones del trato que, con el objeto de ocultarlas, hubo necesidad de desempolvar la amenaza morisca, y, acto seguido, su expeditiva solución. A día de hoy, por lo que parece, seguimos cegados por la veladura tan astutamente trenzada por Felipe III y sus ministros.
Mesa de negociaciones. Partamos de que la firma de la Tregua fue bastante más que una temporal suspensión de hostilidades. Las partes llegaron a la mesa de negociación tras el previo reconocimiento por parte de Felipe III de que la República, bajo la cual se articulaba políticamente la rebelión inaugurada contra su padre cuarenta años atrás, constituía ahora un país «libre». En las cancillerías europeas no se podía dar crédito a la noticia. El juicio más extendido fue incluir la concesión en el género de la «perfidia» hispana. La más ingenua de las opiniones consistió en interpretar que el Rey de España trataba con sus rebeldes súbditos «como si fueran» un país libre. Pero cuando los plenipotenciarios hubieron entrado en harina, los monarcas de Francia e Inglaterra apenas vacilaron a la hora de personarse en la causa, y no sólo de forma física. Uno y otro procuraron embridar a la República mediante tratados que impidieran que la eventual paz condujera a un desplazamiento del equilibrio europeo todavía más sesgado en favor de la preponderancia española. Por esto Enrique IV de Borbón, Rey de Francia, estaba convencido de que lo que se había empezado a cocinar en La Haya podía tenerse por el asunto más trascendental en la real agenda desde su llegada al trono. Una España libre de los compromisos militares de Flandes podía resultar temible.
Clavo ardiendo. Paradójicamente, sin embargo, el desenganche de la rémora derivó hacia el extremo opuesto. Cuando el medio ambiente político internacional se percató de que la «perfidia» hispana no era sino reconocimiento de su impotencia; que la negociación se iba poco a poco ventilando primero en Bruselas para luego ser presentada en Madrid como fait accompli; y que al catálogo de reconocimientos iniciales se había unido, entre otros, el de la presencia de la República en las Indias, juicios más ajustados sobre la postración en la que por lo visto se encontraba la Monarquía Hispana tomaron el lugar de la inicial sorpresa. Fue precisamente entonces -y no antes- cuando el duque de Sully, ministro de finanzas del Rey de Francia, pudo ver confirmado su inveterado desprecio por las aventuras coloniales: las Indias no podían salvar a España de su manifiesta declinación. En la mesa de negociación se confirmó además que el acceso de Amberes al mar por el Escalda continuaría cerrado, hipotecando así la recuperación económica de las llamadas Provincias Obedientes. E incluso el clavo ardiendo al que Felipe III se agarró a última hora para no estampar su firma en el acuerdo, a saber, la petición de libertad de culto para los habitantes católicos en la República, fue asimismo negada por ésta, incluso tras las gestiones del Rey de Francia, aliado de los rebeldes. En las cortes europeas podían oírse ahora comentarios antes insospechados sobre la actitud del gobierno de Madrid. Según el embajador francés en Londres, Jacobo I manifestó en público que nunca hubiera creído que un Rey de España daría su acuerdo a cosa «tan indigna, tan vergonzosa, y ejemplo tan peligroso para todos sus otros súbditos». El efecto dominó podía amenazar incluso con saltar fronteras.
La firma de la Tregua en abril de 1609 constituía, pues, su particular «fin de la Historia» para las Provincias Unidas, como en oficio de historiador reconocía Hugo Grocio. Cuarenta años habían luchado por su independencia y ahora la veían consagrada. Su agente en Londres se apresuró a solicitar de Jacobo I la mudanza de título: Noël de Caron quería ser llamado embajador.
En la orilla de enfrente se alzaron voces contra el proceso, ya desde sus mismos inicios. Desde entonces, la propensión a mirar la Tregua de 1609 en su primer y más elemental significado, sin atender al meollo de sus artículos, a la letra y al espíritu, parece haber derivado hacia su minusvaloración en el ámbito de la posición de España en el sistema europeo de estados. El entendimiento que de ella se ha impuesto remite a un mero hiato de ausencia de conflicto, y punto; a una paz en sí misma feliz por más que lo fuera con fecha de caducidad (doce años).
Nada más lejos de la realidad histórica. A la altura de 1609, Felipe III tenía poco -o muy poco, o nada- que ofrecer tras diez años de reinado. Y había quien le espoleaba para que se embarcara en «alguna gran demostración de la grandeza de Vuestra Majestad». Las palabras pertenecen, y no por casualidad, al Patriarca Ribera, principal entre los muñidores del decreto de expulsión. Si Fernando el Católico, continuaba el arzobispo, había hecho su parte del trabajo en 1492 con los judíos, a Felipe III le quedaba otro tanto del mismo calibre ocupándose de los moriscos. Y parecida gloria.
Se ha escrito que mientras el duque de Lerma procuró desvincularse de la ratificación del tratado de tregua dejando solo en Segovia a Felipe III aquel 7 de julio de 1609, el Rey no le consintió que se ausentara del proceso que llevaría a la expulsión de los moriscos, asunto en el que el valido mantenía, al parecer, una posición «ambivalente». Lo que Lerma sí acabó por reconocer fue el carácter de la expulsión como lenitivo frente a la Tregua. La confesión se produjo en 1617, deparada por el ambiente generado por otro episodio no menos vergonzoso: la paz de Asti. Al año siguiente el valido se veía obligado a abandonar la escena.
Último bastión. En perspectiva europea, la Tregua había tenido en vilo a las principales cancillerías del continente durante más de dos años, entre finales de 1606 y el verano de 1609. Comenzó por ser vista como una amenaza de liquidación del último bastión de la resistencia a la monarquía (entendida aquí como poder único) de los Austria hispanos y acabó por dejar al descubierto sus vergüenzas. La entidad de la pérdida de reputación que a buen seguro iba a acarrear, tanto fuera como dentro, sólo pudo ser, sin embargo, neutralizada en el espacio doméstico. Dará idea de lo peregrino del dislate arbitrado para la ocasión el hecho de que éste, la expulsión de los moriscos, hubiera sido ya acordada por Felipe II en 1582?, y demorada su ejecución durante la larga vida del Rey Prudente. Dicho con otras palabras: la expulsión no se produjo cuando el rebufo de la revuelta morisca en las Alpujarras (1568-1571) podía resultar todavía audible, haciendo acaso más justificada la medida, sino que acabó por sustanciarse cuando se hizo necesario sofocar los daños personales en los que habían incurrido los consentidores de la Tregua. El éxito de esa astucia propagandística sigue contaminando la historiografía actual.
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